Un acta conocida por Caracol Radio atribuye a la Casa de Nariño instrucciones para limitar entrevistas, evitar preguntas a ministros y concentrar los anuncios en el presidente y un vocero. La Presidencia no ha publicado el documento ni respondió a una consulta citada por otro medio, por lo que su autenticidad, alcance y aplicación completa siguen pendientes de aclaración.

La relación entre el Gobierno de Abelardo De la Espriella y la prensa entró en una zona de escrutinio. Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, publicada el 1 de septiembre de 2026, reveló el contenido de un acta de una reunión entre responsables de comunicaciones de varios ministerios y la jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval. Según el medio, la hoja de ruta ordena reducir el contacto directo de los funcionarios con periodistas, impedir preguntas después de determinadas declaraciones y someter entrevistas y ruedas de prensa a autorización presidencial.

La revelación es relevante porque no se limita a una estrategia para coordinar mensajes. De ser auténtica y aplicarse como fue descrita, establecería diferencias entre medios, cerraría espacios de contradicción inmediata y dificultaría que los ministros respondan directamente por decisiones de sus carteras. El Gobierno ha defendido la centralización como un mecanismo para entregar información “oportuna, precisa y coherente”, pero no ha explicado públicamente cuáles son los criterios de acceso, quién autoriza las entrevistas ni qué controles impedirían un trato discriminatorio.

Lo que dice el acta revelada

Caracol Radio informó que conoció una de las actas de las reuniones convocadas con las cabezas de comunicaciones de distintas carteras. De acuerdo con su reconstrucción, las pautas regirían “por el momento y hasta nuevo aviso”. El documento, según el medio, contiene al menos seis elementos:

• No realizar ruedas de prensa ni conceder entrevistas a medios que no sean considerados “amigos”, salvo para asuntos estratégicos y con autorización previa de Presidencia.
• Permitir que los ministros entreguen declaraciones completas durante eventos o recorridos, pero sin recibir preguntas de periodistas.
• Concentrar los principales anuncios en el presidente De la Espriella.
• Dar al abogado Miller Soto un papel central como vocero, con hasta tres intervenciones diarias.
• Asignar un periodista de enlace a cada ministerio para recoger y evaluar la información antes de remitirla a la jefatura de comunicaciones de la Casa de Nariño.
• Restringir las intervenciones de viceministros y otras vocerías no autorizadas.

El Colombiano contrastó la información con fuentes conocedoras de la estrategia y reportó que la instrucción transmitida a las entidades es reducir al máximo el contacto directo entre ministros y prensa. Ese diario también señaló que consultó a la Presidencia por la eventual prioridad a “medios amigos”, pero no recibió respuesta.

Qué está confirmado y qué no

Está confirmado que varios medios nacionales publicaron, con base en el acta y en fuentes del Gobierno, detalles coincidentes sobre una estrategia de centralización. También existe una comunicación previa del nuevo Ejecutivo, citada por El Colombiano, según la cual las posiciones oficiales serían divulgadas exclusivamente mediante la Oficina de Vocería y la Oficina de Prensa, con el propósito declarado de evitar contradicciones y asegurar coherencia.

Asimismo, los formatos públicos del mandatario han mostrado una práctica compatible con parte de esa estrategia: alocuciones y declaraciones preparadas sin un turno posterior de preguntas. El Colombiano documentó además que algunos ministros requeridos por periodistas no han dado declaraciones, aunque otros integrantes del gabinete sí han hablado ocasionalmente con medios. Estas observaciones no prueban por sí solas la aplicación uniforme de todas las instrucciones atribuidas al acta.

No está confirmado públicamente que la Presidencia haya adoptado el acta como directiva formal y vinculante. La Casa de Nariño no ha publicado el texto completo, su número, fecha, firma, vigencia ni lista de asistentes. Tampoco existe una respuesta oficial conocida que confirme, niegue o explique la expresión “medios amigos”. Sin esos elementos no es posible establecer si se trata de una orden definitiva, una propuesta discutida internamente o un lineamiento ya aplicado en todas las entidades.

La versión del Gobierno: coherencia y una sola vocería

La justificación oficial conocida antecede a la posesión presidencial. Según el comunicado citado por El Colombiano, el propósito de concentrar las comunicaciones es garantizar que la información llegue a la ciudadanía de manera “oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”. El argumento responde a un problema real de cualquier administración: evitar versiones contradictorias entre ministerios y fijar una posición oficial reconocible.

Sin embargo, coordinación no equivale necesariamente a cierre. Una vocería central puede organizar los anuncios y, al mismo tiempo, permitir preguntas, entregar documentos verificables y garantizar que los responsables técnicos respondan sobre sus decisiones. La cuestión bajo examen no es si la Presidencia puede coordinar su mensaje, sino si esa coordinación se convierte en una barrera para acceder a información pública, contrastar cifras o pedir cuentas a los funcionarios competentes.

Lo que protegen la Constitución y la ley

El artículo 20 de la Constitución protege la libertad de expresar y difundir pensamientos, informar y recibir información veraz e imparcial, y fundar medios de comunicación. También establece que no habrá censura. El artículo 74 dispone que todas las personas tienen derecho a acceder a documentos públicos, salvo las excepciones que establezca la ley.

La Ley 1712 de 2014 desarrolla ese mandato mediante el principio de máxima publicidad: la información en poder de las autoridades se presume pública, y las reservas deben estar previstas por la Constitución o la ley. La norma obliga a divulgar información y a responder solicitudes, aunque no impone a cada ministro la obligación de conceder toda entrevista solicitada.

Por eso, la existencia de una vocería única no es automáticamente ilegal. El riesgo aparece si el modelo se usa para negar documentos públicos, bloquear preguntas de manera sistemática, ocultar quién toma decisiones o asignar acceso con base en la afinidad editorial. Determinar una vulneración concreta exigiría conocer el documento completo, su implementación y los casos en los que una autoridad haya negado información o tratado de forma desigual a los medios.

Por qué importa en Chocó y en territorios apartados

La centralización puede tener consecuencias especiales en regiones donde la información oficial ya llega tarde o sin suficiente detalle. Durante una emergencia, periodistas y comunidades necesitan respuestas directas de Salud, Educación, Ambiente, Gestión del Riesgo, Fuerza Pública y autoridades territoriales. Un vocero nacional difícilmente puede reemplazar el conocimiento técnico y territorial de todas esas entidades.

En el caso del Chocó, las preguntas sobre daños del reciente terremoto, recursos para reconstrucción, alertas por deslizamientos, atención educativa o presencia estatal requieren cifras desagregadas por municipio y comunidad. Hasta ahora no hay evidencia pública suficiente para afirmar que la directriz haya impedido una respuesta específica sobre Alto Baudó o Pie de Pató. Ese posible impacto territorial debe comprobarse caso por caso y no puede presumirse.

La libreta del poder

Estado: bajo análisis.

• Responsables: Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Presidencia, Oficina de Prensa, eventual Oficina de Vocería y jefaturas de comunicaciones de los ministerios.
• Compromiso declarado: entregar información oportuna, precisa y coherente por canales institucionales.
• Recursos: no se han publicado presupuesto, contratos, planta, acto de creación ni costo de la nueva vocería. El documento reportado también aludiría a decisiones sobre pauta, pero no hay cifras públicas verificadas.
• Plazo: las pautas regirían “hasta nuevo aviso”, según la reconstrucción periodística. No se conoce fecha formal de inicio, duración ni evaluación.
• Resultados verificables: se observa una mayor concentración de anuncios en el presidente y declaraciones sin preguntas. No hay indicadores públicos que demuestren mejoras en oportunidad, precisión o acceso a la información.

Preguntas que Presidencia debe responder

• ¿Reconoce la Casa de Nariño como auténtica el acta revelada por Caracol Radio?
• ¿Quién impartió las instrucciones, desde qué fecha rigen y qué entidades deben cumplirlas?
• ¿Qué significa “medio amigo” y qué criterios objetivos se usarán para autorizar entrevistas?
• ¿Los ministros podrán responder preguntas técnicas y rendir cuentas directamente?
• ¿Qué acto jurídico crea la Oficina de Vocería y cuáles son sus funciones, presupuesto y planta?
• ¿Cómo garantizará el Gobierno igualdad de acceso a medios nacionales, regionales, comunitarios y étnicos?
• ¿Qué protocolo operará durante emergencias, cuando la información debe ser inmediata y territorial?
• ¿Se publicarán el acta completa, los lineamientos y un registro de solicitudes de prensa atendidas y negadas?

Nota de verificación

Voces detrás del silencio revisó la investigación original de Caracol Radio, el contraste publicado por El Colombiano, el análisis de EL PAÍS y el marco constitucional y legal sobre libertad de información y acceso a documentos públicos. La redacción no tuvo acceso directo al acta completa y no presenta su contenido como una resolución oficial publicada. Tampoco atribuye efectos concretos a Alto Baudó o Pie de Pató sin evidencia territorial. El artículo será actualizado si Presidencia publica el documento o responde sobre su autenticidad y alcance.

Fuentes

• Caracol Radio — Unidad Investigativa. “Las directrices de presidencia para relacionamiento con medios: ni ruedas de prensa ni entrevistas”. 1 de septiembre de 2026. Enlace.
• El Colombiano. “Hasta tres ruedas de prensa al día y sin preguntas: así funcionaría el nuevo esquema de comunicación del Gobierno”. 1 de septiembre de 2026. Enlace.
• EL PAÍS. “De la Espriella centraliza al máximo las comunicaciones de su Gobierno”. 2 de septiembre de 2026. Enlace.
• Departamento Administrativo de la Función Pública. “Constitución Política de Colombia de 1991”, artículos 20 y 74. Texto vigente consultado el 2 de septiembre de 2026. Enlace.
• Departamento Administrativo de la Función Pública. “Ley 1712 de 2014 — Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”. Texto vigente consultado el 2 de septiembre de 2026. Enlace.
• Investigación propia de Voces detrás del silencio. Contraste de publicaciones, identificación de vacíos documentales y análisis de implicaciones territoriales. 2 de septiembre de 2026.