Una circular enviada el 3 de septiembre exige que ministerios y departamentos administrativos informen y articulen con la Secretaría Jurídica de la Presidencia sus actuaciones en procesos estratégicos. La coordinación estatal ya estaba prevista en la ley; lo nuevo son las instrucciones, los plazos y el seguimiento desde la Casa de Nariño.

La Presidencia de la República impartió lineamientos para coordinar las intervenciones jurídicas de las entidades del Gobierno ante la Corte Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa. La instrucción busca evitar que distintas oficinas del Ejecutivo defiendan posiciones incompatibles, anticipar riesgos fiscales y ordenar la respuesta institucional en pleitos que comprometan al Gobierno nacional.

La existencia y el contenido central de la circular fueron revelados por CAMBIO el 5 de septiembre. Según el medio, el documento fue firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González, y remitido el 3 de septiembre a ministros, directores de departamentos administrativos y jefes de oficinas jurídicas.

Voces detrás del silencio no encontró la circular completa en los portales públicos consultados de la Presidencia ni de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por esa razón, este artículo diferencia lo que pudo contrastarse en normas vigentes de los detalles que, por ahora, dependen del documento conocido por CAMBIO.

Qué ordena la circular.

De acuerdo con la información publicada, cuando la Secretaría Jurídica solicite antecedentes de un proceso que involucre al presidente, la entidad responsable deberá entregar los insumos en un plazo de tres días, o antes si el término judicial lo exige. Entre esos materiales podrían estar estudios técnicos, memorias justificativas, antecedentes legislativos y documentos destinados a defender la constitucionalidad de una norma.

La Presidencia no asumiría automáticamente la defensa que corresponde a cada ministerio o entidad. Su función sería coordinar las respuestas para que las posiciones del Ejecutivo estén articuladas. La responsabilidad técnica y jurídica de sustentar cada norma seguiría en cabeza del sector competente.

En los procesos contencioso-administrativos, las entidades tendrían que activar alertas internas para identificar asuntos con impacto fiscal, capacidad de modificar jurisprudencia, efectos sobre varias instituciones o litigios repetidos por hechos similares. Cuando un caso sea clasificado como estratégico, deberá ser reportado a la Secretaría Jurídica y, si corresponde, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La circular también permitiría convocar mesas con oficinas jurídicas, apoderados, áreas técnicas y financieras. Los acuerdos tendrían que quedar registrados en actas. Si dos entidades sostienen posiciones diferentes sobre una misma norma, la Secretaría Jurídica podría reunirlas para buscar una postura compatible, sin desconocer la autonomía constitucional de cada institución.

La coordinación jurídica ya existía.

Presentar la circular como la creación de un sistema enteramente nuevo sería inexacto. El Decreto Ley 4085 de 2011 estableció la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y le asignó funciones para orientar y coordinar la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

Más adelante, el artículo 206 de la Ley 2294 de 2023 creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y dejó su coordinación en cabeza de la Agencia. El Decreto 104 del 28 de enero de 2025 reglamentó ese sistema. La propia Agencia explicó que su propósito incluye prevenir el daño antijurídico, proteger el patrimonio público y coordinar esfuerzos entre entidades nacionales y territoriales.

La novedad reportada está, entonces, en la intervención más directa de la Secretaría Jurídica de la Presidencia para ordenar tiempos, alertas y posiciones dentro de la Rama Ejecutiva. Esa coordinación puede reducir contradicciones y proteger recursos públicos, pero también requiere límites claros para que la conveniencia política o la imagen del Gobierno no sustituyan el criterio jurídico de cada entidad.

El criterio reputacional merece vigilancia.

Uno de los elementos más sensibles es la inclusión del posible impacto reputacional entre los factores para identificar asuntos estratégicos. Cuidar la confianza pública puede ser legítimo, pero no debe convertirse en una instrucción para ocultar información, alterar conceptos técnicos o subordinar la defensa del Estado a la defensa política del Gobierno de turno.

La defensa jurídica del Estado y la defensa de la imagen presidencial no son equivalentes. La primera debe proteger el patrimonio público, respetar las decisiones judiciales y actuar conforme a la Constitución. La segunda pertenece al terreno político y comunicacional. La publicación integral de la circular permitiría saber cómo se separan esas dos finalidades.

Hasta el cierre de esta verificación no se encontró una respuesta pública de la Presidencia ni de la Agencia que precise el alcance del criterio reputacional, los mecanismos de control o la forma en que se resolverán las divergencias jurídicas entre entidades.

Lo que está confirmado.

• Existe un Sistema de Defensa Jurídica del Estado, reglamentado desde 2025 y coordinado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
• CAMBIO informó que una circular firmada por el secretario jurídico Andrés Barreto fue enviada el 3 de septiembre a entidades de la Rama Ejecutiva.
• Las instrucciones buscan articular intervenciones ante la Corte Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa.
• La información publicada atribuye a la circular un plazo general de tres días para entregar insumos solicitados, sujeto a términos judiciales más breves.
• La circular completa no estaba disponible públicamente en los portales consultados al cierre de esta nota.

Lo que todavía falta conocer.

• El texto íntegro, número de radicación, fundamento jurídico exacto y anexos de la circular.
• Los criterios objetivos para calificar un proceso como estratégico o reputacionalmente sensible.
• Los límites de la intervención de la Secretaría Jurídica frente a la autonomía y responsabilidad de cada entidad.
• El protocolo para resolver desacuerdos cuando una posición unificada no sea jurídicamente posible.
• Los recursos humanos o presupuestales adicionales destinados a implementar la orden.
• Los indicadores que permitirán evaluar si la medida reduce condenas, costos y contradicciones institucionales.
• La posición oficial de la Presidencia y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica sobre el alcance de las nuevas instrucciones.

La libreta del poder.

Estado: bajo análisis.

Responsables: Secretaría Jurídica de la Presidencia, encabezada por Andrés Barreto González; ministerios, departamentos administrativos y oficinas jurídicas destinatarias; Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuando corresponda.

Plazos documentados: la circular fue enviada el 3 de septiembre. La información conocida establece hasta tres días para responder solicitudes de insumos, salvo que un término judicial exija una entrega más rápida.

Recursos: no se ha identificado una apropiación presupuestal nueva ni el costo de implementación.

Resultados: todavía no existen resultados públicos que permitan medir ahorro fiscal, reducción de litigios o mejora en la coherencia de las intervenciones.

Seguimiento: Voces detrás del silencio verificará la publicación de la circular, las actas de coordinación que puedan ser públicas, la participación de la Agencia y los primeros casos en los que se aplique.

Nota de verificación.

Este artículo se construyó con la revelación periodística de CAMBIO y se contrastó con el marco oficial del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. No se afirma que la circular elimine la autonomía de las entidades ni que sea ilegal. Tampoco se presenta el riesgo reputacional como prueba de censura o encubrimiento. Esos efectos solo podrían evaluarse con el documento completo y su aplicación concreta.

Fuentes externas.

• CAMBIO. “Primicia: así centraliza Presidencia la defensa jurídica del gobierno De la Espriella”. 5 de septiembre de 2026. Enlace.
• Departamento Administrativo de la Función Pública. “Decreto Ley 4085 de 2011: objetivos y estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”. 1 de noviembre de 2011. Enlace.
• Ministerio de Justicia y del Derecho / Función Pública. “Decreto 104 de 2025: reglamentación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”. 28 de enero de 2025. Enlace.
• Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. “Con el Decreto 104 de 2025 inicia la implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”. 13 de febrero de 2025. Enlace.