La Sala Especial de Instrucción busca esclarecer cómo se recaudó, administró y destinó el dinero solicitado para las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El congresista Óscar Benavides niega que se tratara de una colecta personal y afirma que una fundación gestionó los recursos. La actuación es preliminar y no representa una acusación ni una declaración de culpabilidad.

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides por la campaña de donaciones que promovió para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto que golpeó al Chocó y otras zonas del país el 10 de agosto de 2026.

La Sala Especial de Instrucción pretende establecer las condiciones en las que fueron solicitados y recibidos los aportes, cuánto dinero ingresó, quién lo administró y cuál fue su destinación. Los reportes judiciales conocidos indican que el congresista será citado a versión libre para que explique la iniciativa, las cuentas divulgadas y la participación de la fundación que, según su versión, estuvo a cargo del recaudo.

Esta etapa no significa que la Corte haya probado la comisión de un delito. Una indagación previa sirve precisamente para verificar si los hechos denunciados tienen fundamento suficiente para avanzar hacia una investigación formal o si, por el contrario, deben descartarse.

Qué decisión tomó realmente la Corte

Caracol Radio, El Espectador, Infobae y otros medios informaron entre el 26 y el 27 de agosto que la Sala Especial de Instrucción abrió la actuación preliminar después de recibir una denuncia relacionada con la colecta. Según esos reportes, la Corte examinará posibles conductas de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.

La denuncia original, radicada el 14 de agosto, planteó otros posibles delitos. Sin embargo, las solicitudes del denunciante no deben confundirse con la decisión que adopte el alto tribunal. Corresponde a la Corte determinar qué hechos investiga, qué pruebas practica y si existe mérito para abrir una investigación formal.

El expediente habría quedado en el despacho del magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala Especial de Instrucción. Al cierre de esta verificación, Voces detrás del silencio no encontró publicado el auto completo de apertura ni una fecha oficial para la versión libre de Benavides. Por tanto, los alcances procesales aquí descritos se basan en la coincidencia de varios reportes judiciales, no en una providencia íntegra consultada directamente.

El origen de las preguntas: las cuentas divulgadas

Después del terremoto, Benavides utilizó sus redes sociales para pedir alimentos, ropa, elementos de aseo y aportes económicos. En sus publicaciones aparecieron números de cuentas bancarias, una llave de Bancolombia, un número de Nequi y puntos de acopio en Bogotá y Cali.

La denuncia sostiene que algunos canales financieros estaban asociados a personas naturales cercanas al congresista y no directamente a una cuenta institucional identificada públicamente como perteneciente a una fundación. Ese señalamiento es una afirmación del denunciante y aún debe ser probado.

La pregunta judicial no se limita a saber si las ayudas llegaron o no al Chocó. También debe establecerse bajo qué figura se recibieron los aportes, quién tenía control sobre las cuentas, qué autorizaciones existían, cómo se separó el dinero de otros recursos y qué soportes contables permiten seguir cada ingreso y cada egreso.

La versión de Óscar Benavides

Benavides ha rechazado públicamente que se tratara de una colecta personal o destinada a su beneficio. En una entrevista concedida a Caracol Radio el 18 de agosto afirmó que las donaciones eran administradas por una fundación y no por él.

El representante explicó que la persona encargada habría recibido autorización de la fundación para utilizar su cuenta de Bancolombia y su Nequi. También sostuvo que los recursos y las ayudas serían registrados y mostrados públicamente y que él verificaría personalmente las entregas a los damnificados.

Esa explicación constituye la versión del congresista y deberá ser respaldada con documentos. Para comprobarla se necesitan, entre otros elementos, la identificación jurídica de la fundación, la autorización mencionada, sus estatutos y representación legal, extractos bancarios, comprobantes de cada donación, facturas, inventarios, manifiestos de transporte, actas de entrega y saldos.

El hecho de utilizar una cuenta de una persona natural no demuestra por sí solo apropiación o desvío. Pero sí hace necesaria una trazabilidad especialmente clara cuando se solicitan aportes al público usando la visibilidad y autoridad política de un congresista.

¿Cuánto dinero se recaudó realmente?

Las cifras difundidas durante la campaña no corresponden a un único momento ni están acompañadas, hasta ahora, de un balance público consolidado.

En una etapa inicial, el propio congresista informó que se habían recibido más de 60 millones de pesos. Días después, reportes sobre la denuncia señalaron que la campaña ya superaba los 300 millones. En redes sociales circularon montos todavía mayores que también mezclaban dinero, valor estimado de alimentos y otros bienes donados.

Por esa razón, Voces detrás del silencio no presenta 60, 300 o 700 millones de pesos como cifra final confirmada. Para establecer el total deben separarse al menos cuatro componentes: dinero consignado, bienes recibidos, valor comercial estimado de esos bienes y aportes logísticos realizados por terceros.

También es necesario indicar la fecha de corte de cada balance. Una cifra puede ser correcta para un día específico y quedar desactualizada a medida que continúan las donaciones. La comparación solo será válida cuando exista un informe con periodo, cuentas incluidas, metodología de valoración y soportes.

Entregar ayudas no cierra la discusión contable

Defensores de la campaña han señalado que se reunieron y transportaron toneladas de ayuda al Chocó. Las entregas físicas, cuando estén respaldadas con actas, inventarios y comunidades receptoras, son un elemento importante para determinar los resultados de la iniciativa.

Pero comprobar que llegaron alimentos o elementos humanitarios no sustituye el balance financiero completo. Debe poder conciliarse cuánto se recibió en dinero, cuánto se utilizó para comprar productos, qué bienes fueron donados directamente, cuánto costaron transporte y logística, qué saldos quedaron y quién conserva o administra esos saldos.

Del mismo modo, una diferencia entre el dinero recaudado y el valor de las entregas no demuestra automáticamente una irregularidad. Puede responder a gastos documentados, entregas pendientes, nuevas fases de la campaña o valoraciones distintas. Precisamente por eso la información debe presentarse en un informe verificable y no mediante cifras sueltas.

Lo que necesitan saber los damnificados del Chocó

Las personas que donaron y las comunidades destinatarias tienen un interés legítimo en conocer el recorrido completo de los recursos. El balance debería identificar municipios, corregimientos y comunidades atendidas, número de hogares receptores, tipo y cantidad de ayuda entregada, fecha, responsables y actas firmadas.

En el caso de Alto Baudó y Pie de Pató, no basta con afirmar que las ayudas llegaron al departamento o incluso a la cabecera municipal. La emergencia afecta comunidades dispersas y de difícil acceso. Se necesita saber qué sectores fueron atendidos y cuáles continúan pendientes.

Voces detrás del silencio no encontró en los reportes sobre la indagación un desglose que permita afirmar cuánto dinero o cuántas toneladas de esta campaña llegaron específicamente a Alto Baudó, Pie de Pató o cada una de sus comunidades. Cualquier atribución territorial más precisa requiere actas o informes adicionales.

Qué no se puede concluir todavía

No está demostrado que Benavides se haya apropiado de recursos, que haya engañado a los donantes o que el dinero se haya perdido. Tampoco está establecido que todas las actuaciones de la campaña hayan cumplido las exigencias legales y contables aplicables.

La Corte apenas comienza a recopilar información y deberá escuchar al congresista. Titulares que lo presenten como condenado, acusado formalmente o responsable de robar donaciones serían incorrectos y vulnerarían la presunción de inocencia.

La pregunta periodística adecuada no es declarar culpabilidad antes de tiempo, sino exigir documentos: ¿cuánto entró, por qué canales, quién lo administró, cuánto se gastó, en qué se gastó, qué se entregó, dónde se entregó y qué queda pendiente?

La libreta del poder: bajo análisis

• Hecho documentado: apertura de una indagación previa y futura citación del congresista a versión libre, según reportes judiciales coincidentes.
• Responsables de rendir cuentas: Óscar Benavides, la fundación señalada como administradora, los titulares autorizados de las cuentas y quienes manejaron compras, transporte e inventarios.
• Recursos: el monto definitivo no está públicamente consolidado; se divulgaron cifras parciales superiores a 60 y 300 millones de pesos en momentos distintos.
• Plazos: no se conoce públicamente la fecha de la versión libre ni un término para el cierre de la indagación.
• Resultados informados: promotores y aliados sostienen que hubo envío de ayudas; falta conciliar esas entregas con el total de dinero y bienes recibidos.
• Pendiente: extractos, informe contable, identificación de la fundación, soportes de gastos, inventarios, actas de entrega y desglose comunidad por comunidad.

Veredicto de Voces detrás del silencio

CONFIRMADO. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema abrió una indagación previa relacionada con la colecta promovida por Óscar Benavides.

CONFIRMADO. El congresista ha negado que se tratara de una colecta personal y afirma que una fundación administró los recursos.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. El monto final recibido, la titularidad y autorización de todos los canales financieros, el balance de gastos y el saldo.

SIN DESGLOSE TERRITORIAL SUFICIENTE. No está documentado públicamente cuánto de esta campaña llegó a Alto Baudó, Pie de Pató y cada comunidad receptora.

NO DEMOSTRADO. Que exista apropiación, pérdida de dinero o responsabilidad penal del representante.

Nota de verificación

Voces detrás del silencio contrastó la información publicada por Revista Chocó con reportes judiciales de Caracol Radio, El Espectador e Infobae y con las declaraciones públicas previas del representante. No se localizó, al cierre de esta nota, el texto completo del auto de apertura en el portal de la Corte Suprema. El artículo será actualizado si el alto tribunal publica la providencia, si se conoce la fecha de la versión libre o si los responsables presentan un balance consolidado.

La imagen destacada es una ilustración creada con inteligencia artificial para Voces detrás del silencio. No representa una escena documental ni atribuye culpabilidad a persona alguna.

Fuentes consultadas

• Caracol Radio. “Corte abrió indagación contra el congresista Óscar Benavides por presunta captación masiva de dinero”. 26 de agosto de 2026. Consultar reporte.
• Caracol Radio. “Representante Óscar Benavides responde a denuncia por pedir donaciones para víctimas del terremoto”. 18 de agosto de 2026. Consultar entrevista y reporte.
• El Espectador. “Corte Suprema abre indagación contra el representante Óscar Benavides por presunta captación irregular de dineros para damnificados del terremoto”. 26 de agosto de 2026. Consultar reporte.
• Infobae Colombia. “Congresista Óscar Benavides está bajo la lupa de la Corte Suprema tras recolectar dinero para afectados por el terremoto”. 26 de agosto de 2026. Consultar reporte.
• Infobae Colombia. “Congresista Óscar Benavides respondió a críticas por recibir donaciones para los damnificados del terremoto”. 12 de agosto de 2026. Consultar versión del congresista.
• Revista Chocó. “Corte Suprema abre indagación previa contra representante Óscar Benavides por colecta para damnificados del Chocó”. 27 de agosto de 2026. Consultar reporte regional.